Resumen: La función de un Tribunal de casación no es la de volver a valorar la prueba practicada sino la de constatar que las dos instancias anteriores han actuado sus funciones jurisdiccionales correspondientes al enjuiciamiento de los hechos en la primera instancia, valorando la actividad probatoria y en la segunda, revisando la función jurisdiccional de la primera y constatando la correcta enervación del derecho fundamental que invoca en el motivo.
Resumen: Confirma la condena de los acusados por delito de agresión sexual y absuelve a uno de ellos del delito de corrupción de menores, manteniendo la condena del otro por dicho delito. En la grabación de comunicación audiovisual quien graba la conversación de otros atenta al derecho del art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación suya con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado, sin perjuicio de la tipificación de la revelación a terceros del contenido de lo grabado. La intimidad personal no se acota a la que se desarrolla en un ámbito doméstico o privado, extendiéndose a otro ámbitos (trabajo o profesión, relaciones interpersonales con terceros, etc.). La grabación de la conversación mantenida por la víctima en la calle y con unas vecinas, cuya nulidad se solicita por los apelantes, es perfectamente válida pues la víctima en ningún caso ha manifestado desconocer que se le estaba grabando. Las entradas y registros domiciliarios son también válidas. Domicilio es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, de forma estable o transitoria (incluidas la chabola, tienda de campaña, roulot, etc.). La entrada y registro, salvo casos de flagrante delito, requiere autorización del titular del domicilio (dado por persona capaz, consciente y libremente, oral o escrito, para asunto concreto), o autorización judicial. En el caso, el acusado permite la entrada.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de abuso sexual cometidos sobre víctima menor de dieciséis años, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, que deja sin efecto atenuador alguna, con incremento de la pena. Acusado que somete a menor de 16 años a prácticas sexuales no consentidas. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante para neutralizar la presunción. Idoneidad del testimonio de la víctima para sustentar una convicción de culpabilidad. Juicio que corresponde al tribunal de apelación sobre la racionalidad de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de primer grado. Prueba de testigos practicada en el juicio oral mediante videoconferencia y la preservación de principios como el de presencialidad e inmediación en la realización de las pruebas. Reparación del daño como circunstancia de atenuación. Elementos que deben concurrir para la apreciación de la atenuación de reparación del daño. No constan las circunstancias personales y económicas del acusado de las que pudiera deducirse que la consignación realizada le ha supuesto un especial esfuerzo. Consignación previa al juicio del importe que no alcanza la cuantía reclamada por las acusaciones, aunque coincide con la fijada en sentencia. No concurren los presupuestos para aplicar la atenuante de reparación del daño, ni siquiera en su modalidad de simple, aunque se toma el pago para la individualización de la pena.
Resumen: Recurre el condenado en la instancia por delito de agresión sexual a menor de 16 años alegando infracción en la calificación jurídica de los hechos probados. Discute el contenido sexual de los tocamientos fugaces en los genitales realizados recíprocamente entre el acusado y el menor, alegando que la intención del apelante era la de mofarse, humillar, burlarse o sentirse superior a este último en el contexto de una previa discusión entre ambos. Se desestima el motivo recordando la evolución jurisprudencial sobre la necesidad de concurrencia de un ánimo lascivo o libidinoso, bastando en la actualidad con que el sujeto conozca la transcendencia de su acción y el significado sexual de su conducta. Se desestima también la alegación de concurrencia de un error del acusado (consecuente a su retraso mental) sobre la menor edad de la víctima, pues esta tenía 10 años. Para excluir el error de tipo no se requiere la plena seguridad sobre la concurrencia de un hecho constitutivo de la infracción, pues basta con que se tenga conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurra y, pese a todo, se opte consciente y voluntariamente por realizar la acción típica.
Resumen: Recurre la acusación particular la sentencia absolutoria respecto de un delito de abuso sexual alegando el error en la valoración de la prueba en que incurre el tribunal sentenciador al no otorgar credibilidad al testimonio de la denunciante. Desestima, en primer término, el tribunal de alzada la alegación de la parte recurrida de extemporánea interposición del recurso de apelacion, recordando que en la notificación de las sentencias penales susceptibles de apelación se impone el sistema de la "doble notificación", no siendo suficiente con la notificación a los procuradores, siendo necesario notificar la sentencia a las partes. Repasa el tribunal de apelación los límites legales a la apelabilibilidad de sentencias absolutorias y el requisito, en tales casos, de solicitud por el recurrente de declaración de nulidad de la sentencia apelada. Se desestima la existencia de error valorativo por falta de racionalidad en la explotación probatoria, en la medida en que la falta de fiabilidad que el tribunal a quo otorga al testimonio de la denunciante no resulta irrazonable pues no parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas, ni sigue un desarrollo argumental que incurra en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. Concluye que el conjunto de las circunstancias advertidas en el testimonio de la denunciante arroja una duda sobre extremos incriminatorios muy importantes, duda que se apoya en una base argumentativa atendible y razonable.
Resumen: Límites del recurso contra sentencias absolutorias. Prueba de la menor preconstituida. Los testigos de referencia recogen únicamente las manifestaciones que les hace la menor, que pese a estar efectuadas en el mismo espacio tiempo, difieren entre sí, porque la menor va cambiando el relato a medida que va contando los hechos a los distintos profesores. La menor en estas revelaciones no tiene un relato único sobre quién fue la persona que pudo realizarle el tocamiento, sobre lo ocurrido, ni sobre cuándo ocurrió. El informe del equipo psicosocial se refiere a la pérdida de genuinidad del testimonio. El testimonio, analizado a la luz del cuadro probatorio, no contiene las notas de suficiencia incriminatoria que permitan cimentar un juicio de culpabilidad sin margen de duda razonable. Valor del informe de credibilidad.
Resumen: El Tribunal recuerda que la jurisprudencia ha advertido de forma reiterada, en relación al subtipo agravado del artículo 180.1. 5º CP, del riesgo que la aplicación automática de esta agravación ante el empleo de cualquier arma con efectos meramente intimidatorios determine una injustificada exacerbación punitiva, con eventual vulneración del principio "non bis in idem" al determinar la acción intimidatoria al mismo tiempo la calificación de la conducta como agresión sexual y su cualificación como agresión agravada". De ahí, la necesidad de ponderar en cada caso con suma cautela el instrumento utilizado por el agente, analizando no sólo las características del medio empleado, sino también la forma o manera en que este es utilizado, así como las circunstancias que concurren en el episodio. Por otra parte, también dice que la jurisprudencia ha venido entendiendo que las exigencias derivadas del principio acusatorio y del derecho de defensa comportan la obligación de que el Tribunal sentenciador aprecie las circunstancias atenuantes que sean solicitadas por las acusaciones en sus escritos de conclusiones definitivas, pues el desafío probatorio de la defensa es distinto si el relato de hecho sobre los que se construye la acusación ya incluye una disminución de la culpabilidad.
Resumen: Confirma la absolución por el delito de abuso sexual a menor de cuatro años de edad. El acusado, mientras realizaba una videollamada con la madre del menor, interactuando y jugando con el mismo, agarró en varias ocasiones con sus manos el pañal por la zona de los genitales, sin que se aprecie componente sexual alguno en dichas actuaciones. En el delito de abuso o agresión sexual no es exigible que el autor actúe movido por un especial ánimo subjetivo de índole sexual, ánimo libidinoso o lúbrico, ya que ello no es requerido por el tipo penal, pero sí que se resulta necesario que concurra el dolo o conciencia y voluntad de atentar contra la libertad sexual de la víctima, diferenciando el dolo una actividad lícita (como una exploración médica necesaria) de la comisión de un abuso o agresión sexual. Basta con que el autor tenga conocimiento de la indiscutible naturaleza sexual del acto que realiza, cualquiera que sea el móvil o motivación que finalmente se persiga. Contra una sentencia absolutoria, el juzgador ad quem no puede modificar los hechos considerados probados en la sentencia de primera instancia, incluyendo los elementos subjetivos acreditados, pudiendo procederse a declarar su nulidad por los motivos legales tasados, su revocación y devolución al juzgador a quo para la emisión de nueva sentencia.
Resumen: El recurso se desestima en cuanto a los motivos formulados por el condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 4.d CP (en redacción dada por la LO 1/2015). Se confirma la existencia de prueba de cargo suficiente, y la correcta apreciación del prevalimiento de una situación de superioridad, ya que opera tanto por razón del parentesco como por el abuso de superioridad. Asimismo, se confirma la correcta individualización de la pena y la cantidad reconocida en concepto de responsabilidad por el daño moral. No obstante, la modificación operada por la LO 10/2022 de 6 de septiembre, impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos se califican en la sentencia como constitutivos de un delito continuado de los arts. 183.1 y 4. d CP, la pena prevista para el delito era de 2 a 6 años y en virtud de lo preceptuado en el art. 183.4 del CP, la misma procede imponerla en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión. Conforme a la regulación resultante de la L.O. 10/2022 los hechos tendrían cabida en los arts. 181.1 y 181.4.e CP. Los marcos penales resultantes de la aplicación tipos son idénticos a los utilizados por la sentencia, pena tipo de 2 a 6 años de prisión, imponible en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión, por lo que no procede revisar la pena.
Resumen: Organización dedicada a la introducción en la Unión Europea, a cambio de importantes cantidades de dinero, de personas procedentes de Pakistán que no reunían los requisitos necesarios para la entrada. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con ánimo de lucro, cometido en el seno de una organización, con peligro para la vida de las personas.
